• SINRAZÓN / Roberto Álvarez Heredia




    Francisco ya se quiere jubilar, con 35 años de servicio docente y clave de director de secundaria. Lo primero que piensa, es seguir el camino que han seguido cientos o miles como él: acudir a la delegación sindical para gestionar su pensión. Y el representante le pregunta antes que nada, a quien quiere poner (en su lugar). “A mi hijo Sergio” le contesta. Por cierto, Sergio no es maestro, apenas es egresado de la facultad de derecho de la UAG. Entonces, el gremio lo pone al frente de un pizarrón como flamante catedrático de educación media básica.a

    La historia que les conté, no es una novela ni una ficción. Podría acercarse más a una película surrealista, que sucede todos los días, desde hace varios años, en el magisterio guerrerense. ¿Se imaginan que uno de sus hijos, tengan que aguantar en la secundaria a un maestro sin preparación ni la mínima idea de lo que es la enseñanza?

    Pero la historia apenas comienza. La plaza de Sergio, tendría que haber sido otorgada, mediante concurso, a uno de los cientos de egresados de las escuelas normales que existen en el estado. Y todo esto encierra además una paradoja, que se antoja increíble: Los egresados normalistas se aliaron con la CETEG con la promesa de obtener una plaza, que por cierto, ¡los propios cetegistas le quitaron al otorgársela al hijo de Francisco!

    Y me pregunto: ¿cuándo empezó todo este cochinero? ¿Cuándo el Estado, a través de la SEG, perdió la rectoría de la educación? ¿En qué momento, el gremio magisterial vio que las plazas tenían que ser vitalicias y hereditarias? ¿Por qué los sindicatos determinan quienes deben ser subdirectores, directores, supervisores, jefes de enseñanza y de sector?

    El gobernador Ángel Aguirre Rivero firmó maniatado y obligado una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación, que se aparta diametralmente del contenido de las recientes reformas a los artículos tercero y 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo: la iniciativa pide que el congreso local apruebe un sistema de evaluación a modo, que no ponga en riesgo la permanencia de los docentes; que la promoción a cargos educativos considere usos y costumbres; y se gestione ante la federación las plazas a los normalistas.

    Y bueno, precisamente, esa es la sinrazón de la CETEG, que tiene amenazados a gobernador, diputados locales y ciudadanos, en un perverso juego de vencidas para no perder canonjías y privilegios, y en la que se hace a un lado, los grandes objetivos de la educación.  

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