• EL MARTIRIO DE VICENTE




    Por Roberto Álvarez Heredia

    El martirio de Vicente comenzó en el instante que unos encapuchados lo detuvieron en una barricada que levantaron en el camino a Ayutla, a la altura de Cruz Quemada, en la Costa Chica de Guerrero. Lo bajaron de su carro y le encontraron para su mala suerte una pistola vieja escondida en la cajuela. Ya no soltaron, había sido detenido por un grupo civil de autodefensa armada y recluido contra su voluntad en una casa de seguridad.

    No había sido encarcelado por elementos policiacos o soldados en algún retén, ni puesto a disposición de una autoridad competente. Ni siquiera le permitieron comunicarse con su familia. Sólo esperaba salir de ese infierno para interponer una denuncia por privación ilegal de su libertad contra quienes lo detuvieron.

    En medio de su encierro y mal comido, Vicente fue presentado varios días después en el pueblo de El Refugio como un reo en espera de ser sometido por un tribunal popular. El temor creció y la esperanza se esfumó. Sin embargo, sus captores le dijeron que el gobierno estaba negociando su liberación, y a las cinco de la madrugada lo soltaron, y después de todo el viacrucis que vivió, feliz y desvelado subió a una camioneta de la Procuraduría General del Estado.

    Pero cuál no sería su sorpresa, que no recuperó su libertad ni regresó con su familia que ya lo esperaba, sino todo lo contrario, terminó con un arraigo por 30 días, en espera, según le dijeron, de un proceso apegado a derecho. ¡Inaudito! ¡El mundo se le vino encima! Era protagonista de una doble victimización. De captores que intentaron hacerse justicia por propia mano, y de un gobierno que violó sus más elementales derechos humanos.

    Ahora, tendrá que sobreponerse y contribuir, con acciones personales, en lograr el restablecimiento del Estado de Derecho. Primero, denunciando en su momento la privación ilegal de su libertad. Segundo, promoviendo ante la justicia federal un amparo contra la Procuraduría General de Justicia que lo recluyó en un arraigo. Y tercero, presentando una queja en las comisiones estatal y federal de derechos humanos. Emprender esta tarea se antoja complicado, pero representa hoy la única vía transitable para que en México y en Guerrero se respete la dignidad de todas las personas.

    El Estado Mexicano, por su lado, no puede tolerar, bajo ninguna circunstancia, la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales, que no han sido capaces de garantizar la seguridad y la paz en las comunidades, y que son precisamente, la razón que mueve a los vecinos a tomar el resguardo de patrimonios y vidas propias, en los términos que establece el artículo 11, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Guerrero de la obligación de los guerrerenses de auxiliar a las autoridades en la conservación del orden público.  

    La cuestión, entonces, es que a través de diálogo, integrar a estos grupos civiles, regular sus facultades, establecer el tipo de armas que pueden portar, la coordinación con las autoridades, capacitación, adiestramiento y poner a disposición inmediata a las personas detenidas con pleno respeto a sus garantías individuales constitucionales.


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