• Llama ONG a EPN cumplir las sentencias de CIDH en el caso de indígenas violadas



    Las indígenas me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por elementos del Ejército mexicano y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencia sobre los casos en 2010, las mujeres están a la espera de que se cumplan.

    Así lo da a conocer el diario La Jornada, quien señala que en ese contexto, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que el íntegro cumplimiento a las sentencias del organismo internacional sea asunto prioritario en su administración.

    Y es que de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Organización Mundial contra la Tortura, Artículo 19 y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, entre otros, hasta el momento los responsables no han sido sancionados.

    En una misiva que enviaron a Peña Nieto, los colectivos destacan que los hechos ocurrieron en 2002 en Guerrero, “en un contexto marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia institucional castrense”.

    Señalaron que la sentencia de la CIDH puso en evidencia que en México hay graves rezagos para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, así como una persistente discriminación contra las comunidades indígenas.

    Asimismo, se indica que se puso nuevamente de manifiesto el tema de los abusos que resultan de la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas.

    Para las ONG, luego de 11 años en busca de la justicia, resulta indispensable que el Ejecutivo retome el tema como un asunto prioritario, por medio del cual se complemente la agenda de derechos humanos de esta administración.

    Advirtieron que lo mismo debe ocurrir con otras sentencias también dictadas por la CIDH en contra de México, cuyo cumplimiento está pendiente, sobre todo porque comparten elementos comunes, como el señalamiento sobre los abusos de militares y la restricción del fuero castrense, que también está presente en los casos de Rosendo Padilla Pacheco, desaparecido durante la guerra sucia, y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

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