• Día Internacional del Migrante: camino de la vulnerabilidad




    Miles de migrantes latinoamericanos transitan por México en búsqueda de una mejor calidad de vida y mayores oportunidades. Según cifras publicadas por Amnistía Internacional (AI), nueve de cada diez proceden de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero también existen flujos migratorios de Ecuador, República Dominicana, Brasil, Colombia o Cuba.

    Sin embargo, asociaciones civiles y organizaciones a favor de los derechos humanos y albergues han sacado a la luz miles de casos de abuso ocurridos en territorio mexicano. Son las mujeres, niñas y niños -principalmente si estos no están acompañados- quienes viven un mayor grado de vulnerabilidad social, al sufrir agresiones de todo tipo a manos del crimen organizado, compañeros de viaje e inclusive de funcionarios corruptos.

    A su vez, miles de menores son privados de su libertad por carecer de documentación migratoria, lo cual provoca un efecto devastador en su desarrollo físico, emocional y sicológico durante y después de su detención.

    La Organización de Naciones Unidas (ONU) insta a la comunidad internacional a visibilizar y generar conciencia sobre esta situación y ha designado al 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.
    Migración

    El fenómeno de migración acompaña desde siempre la historia de la humanidad, pero actualmente responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales.

    "Estamos viviendo una crisis mundial en cuanto al tema. Hoy es efecto de la crisis económica, la cual profundiza sus causas fundamentales: la pobreza y la desigualdad, que junto con la injusticia y el fracaso del sistema sociopolítico que vivimos, provoca ya una migración forzada", comenta el doctor Camilo Pérez Bustillo, miembro del Tribunal Internacional de Conciencia sobre los Derechos Humanos.

    El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reporta por su parte que el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial es de 214 millones de personas, de los que 40 millones son indocumentadas.

    Según estudios del Banco Mundial, los principales destinos son Estados Unidos, Rusia y Alemania; mientras que México, India y China cuentan con la mayor proporción de emigrantes.

    Sin embargo, el primer Tribunal Internacional sobre Migración, organizado por la Alianza Internacional de los Migrantes, la Liga Internacional de Lucha por los Pueblos y la Alianza Internacional de la Mujer, declaró recientemente a 37 Estados como "culpables de promover políticas neoliberales y violar sistemáticamente los derechos económicos, sociales y políticos de quienes atraviesan o llegan a sus países en búsqueda de mejores oportunidades".

    Al considerar lo anterior, en diciembre de 2000 la Asamblea General proclamó el Día Internacional del Migrante, diez años después de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares.

    Este año, esta conmemoración se ha proclamado como el Día de Acción Global contra el Racismo y por los derechos de las y los migrantes, refugiados y desplazados.
    Condiciones

    México, debido a su posición geopolítica y condiciones socioeconómicas, es nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informa que varios países del área experimentaron una caída de 3% en el PIB por habitante durante 2009, lo que representó también una incidencia de la pobreza en 33.1% de la población en el mismo año.

    Hoy, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, la mayoría de los migrantes latinoamericanos y del Caribe huyen de la inseguridad social, pobreza, faltas de oportunidades y violencia sufrida en sus países de origen, arriesgándose a ser detenidos, secuestrados, agredidos o asesinados en su trayecto.

    De acuerdo con la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al año ingresan al país casi 150 mil migrantes indocumentados; sin embargo, según estudios de organismos de la sociedad civil esta cifra asciende hasta 400 mil.

    Hace apenas tres años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo pública por primera vez la alarmante cantidad de secuestros y abusos a los migrantes: en el periodo comprendido entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, dicho organismo tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro en los que se privó de libertad a nueve mil 758 personas; y sólo de abril a septiembre de 2010 se documentaron un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron once mil 333 víctimas.

    El Informe especial sobre secuestro de migrantes en México registra que los estados en que se presentó el mayor número de testimonios de víctimas y testigos de secuestro son Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.
    Vulnerabilidad

    Asociaciones civiles afirman, a su vez, que mujeres, niñas y niños migrantes son los más vulnerables a sufrir abuso y maltrato, además de ser cooptados por bandas delictivas para ser víctimas de explotación laboral y sexual.

    De acuerdo con datos de la CNDH, se estima que 50% de la población en movilidad son mujeres y durante su traslado tienen que enfrentar múltiples riesgos, ya que son doblemente expuestas, por su condición migratoria y de género, a agresiones, abusos sexuales, extorsiones, secuestros y otras situaciones que ponen en riesgo su integridad física y sicológica.

    El informe Víctimas invisibles, de Amnistía Internacional (AI), denuncia por su parte que existe una extendida creencia entre organizaciones civiles y comunidades de que hasta seis de cada diez migrantes del género femenino son violadas.

    En un estudio de 2006, en el cual se entrevistó a 90 mujeres recluidas en la Estación Migratoria de Iztapalapa, se encontró que la mitad provenía de Centroamérica; 23 declararon haber sufrido algún tipo de violencia -incluyendo abuso sexual-; y 13 reconocieron al autor como un funcionario del Estado.

    Por otra parte, la asociación civil Ririki Intervención Social publicó en un comunicado que son miles de menores los que salen huyendo de su país por abuso, violencia, pobreza, abandono, falta de oportunidades educativos o trata de personas; sin embargo, en México son privados de su libertad por carecer de documentación migratoria.

    Durante 2011 se detuvo a cuatro mil 172 menores de 18 años en centros de arresto migratorio, la mayoría provenientes de países centroamericanos y de los cuales siete de cada diez detenidos y devueltos viajaban sin compañía.

    De acuerdo con la investigación de esta asociación, esta tendencia va en aumento, aunque estudios internacionales señalan que esta medida coercitiva tiene efectos negativos en la salud física, emocional y sicológica del menor.

    Las investigaciones de varias asociaciones civiles afirman que el centro de detención en Tapachula, Chiapas, por ejemplo, es el más grande de Latinoamérica y es donde se concentran, para ser deportados, la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes detenidos en México.
    Protección

    El derecho internacional, a través de numerosos tratados, obliga a los Estados a proteger los derechos humanos de las personas migrantes.

    Entre esos acuerdos destacan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Sobre los Derechos del Niño; y, sobre todo, la Convención sobre los Derechos de los Migrantes.

    En cuanto a la detención, el marco jurídico internacional estipula el deber de estudiar alternativas menos restrictivas y que las autoridades sólo deben recurrir a la detención cuando sea justificada, necesaria y proporcional.

    Asimismo, no debe detenerse a menores sin acompañantes ni a víctimas de trata.

    A lo largo de su historia, México ha suscrito estos y otros tratados internacionales e inclusive, comenta el doctor Camilo Pérez, "fue de los países que más promovió que se aprobara en la ONU la primera Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Tristemente, eso no se ha reflejado hacia dentro y ha habido una gran incongruencia en la promulgación de legislaciones".

    Nuestra legislación nacional, comenta, no garantiza una verdadera protección de sus derechos y perpetúa la intención de señalar a quien no pertenece a la nación y la reciente promulgación de la Ley Nacional de Migración es un ejemplo.

    José Antonio Guevara Bermúdez, secretario de Vinculación con la sociedad civil e Incidencia en políticas públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirma en su artículo La nueva Ley de Migración: una oportunidad perdida para garantizar derechos que este ordenamiento perpetúa el modelo de control migratorio, es decir, la criminalización de la migración.

    Y esto se refleja a través de las medidas de detención administrativa de las y los migrantes por no demostrar su estancia legal; el establecimiento de retenes migratorios; y la realización de operativos fuera de los puntos de entrada y salida de personas del territorio nacional, que la ley estipula.

    Por otra parte, la doctora Nashieli Ramírez, coordinadora nacional del Programa Infancia en Movimiento, afirma que al tener ya publicada la Ley General de Víctimas contamos con un marco legal en el que están prohibidas las detenciones, que es un elemento esencial de un sistema de protección, pero "tenemos que seguir avanzando en que esta ley sea aplicada y bajada a la operación de lo que es el día a día de un país como el nuestro, caracterizado por la migración".
    Caminos

    Los países han establecido políticas migratorias de carácter restrictivo y discriminatorio, carentes de sensibilidad respecto de los derechos humanos, aun cuando, si se considerara el fenómeno como un tema cultural o social -inclusive económico- y no sólo de seguridad nacional y supuesta soberanía, se podría avanzar en la construcción de legislaciones adecuadas, justas y dignas para todos.

    Ramírez comenta que en el caso de los menores y las mujeres que huyen de una situación de alta violencia o trata de personas, el Estado debe crear mecanismos necesarios de detección, protección y asilo de víctimas.

    Reconoce la creación del cuerpo de oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs), pero cree que existen problemas de instrumentación y capacitación en esta estrategia.

    Quizá, considera Ramírez, "tendríamos que trasladar este programa a instituciones gubernamentales que no sean las que están deteniendo a los niños, sino que de verdad sean actores de protección".

    La Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), por su parte, insta al Estadomexicano a actuar de acuerdo a los mejores intereses de los menores sin importar su condición migratoria; establecer la libertad como una piedra angular para su protección; y mejorar las condiciones de estancia en los centros de detención donde son canalizados.

    http://www.vertigopolitico.com

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